El trece de octubre de dos mil dieciséis,
puede ser recordado en la vida jurídica mexicana como el principio del fin del
peor órgano impartidor de justicia creado por la Constitución de 1917, debido a
que la iniciativa del Ejecutivo Federal Licenciado Enrique Peña Nieto
presentada al Senado de la República ha sido aprobada en lo general y enviada a
la Cámara de Diputados.[1]
En México si le preguntan a cualquier
abogado postulante (que no litigante) ¿Cuál es el órgano jurisdiccional menos
eficiente? Seguramente responderá que Juntas de Conciliación y Arbitraje
Locales (qué es el nombre que se les da en México a los tribunales del trabajo,
un obsequio del socialismo priista.) Usted estimado lector tranquilamente puede
esperar más de 5 años en un juicio laboral y probablemente se encuentre en el
último tercio de su duración total.
Desde su creación se tuvo la nada brillante
idea de que este órgano jurisdiccional no perteneciera al Poder Judicial, ¿La
razón? El discurso Bolchevique adoptado por el Revolucionario Institucional, en
donde el Trabajador es un ser inferior que merece las presunciones legales y la
sobre protección del Ejecutivo.
Dicho argumento constituye una flagrante
violación al principio de igualdad procesal entre el trabajador y el patrón,
reminiscencias de la "Dictadura perfecta", no obstante los tiempos
cambian, el atraso innegable del desarrollo de la industria nacional y las
mafias sindicalistas, laboralistas, y el anquilosamiento de las Juntas
Laborales han sido su propio verdugo.
Puede presentar un escrito, solicitando
desde copias, una aclaración, y transcurrir más de un mes sin que obtenga
respuesta hasta recordarle al Presidente de la Junta que ya ha pasado casi un
año, sin que se dicte una resolución final (laudo) en el juicio.
Cabe referir que desde finales del Sexenio
del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, se reformo la constitución en su
apartado laboral (artículo 123 Apartado A) para incluir diversas formas de
contratación temporal y a prueba, previniendo las prácticas fraudulentas de
pseudo -trabajadores que demandaban luego de una semana de labores y tenían
derecho a tres meses de indemnización.
Cualquier persona, sin estudios de
licenciatura, podía representar al trabajador en los juicios laborales, no así
para el patrón, creando una mafia de los llamados "coyotes",
gestores, negociadores o mercenarios dependiendo el caso, que sin una cédula de
licenciatura en Derecho se dedicaban a representar trabajadores y eran
ampliamente conocidos en las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
Lo anterior lo refiero con conocimiento de
causa, pues en mis inicios fui contactado por un grupo de trúhanes que se
dedicaban a encontrar trabajos en obras en construcción para después demandar
un despido injustificado INEXISTENTE.
La reforma consiste en desaparecer las
hasta ahora Juntas de Conciliación y Arbitraje y Convertirlas en Juzgados y
Tribunales del Trabajo dependientes del Poder Judicial, como marca la lógica.
Les invito a realizar una
lectura de sus cuerpos normativos, previo a lanzar voces o textos furibundos
con fundamentos imaginarios e imprecisos.
